¿Qué es el despido por fuerza mayor?

Se considera causa de fuerza mayor (y justificativa de despido) aquel acontecimiento imprevisible e independiente de la voluntad de la empresa, ajeno tanto al empresario como al trabajador.

No existe criterio ni umbral sobre el número de afectados como ocurre con el despido objetivo, sino que el despido por fuerza mayor es independiente al número de trabajadores afectados.

En este tipo de despidos, la Autoridad Laboralinterviene para determinar si la causa por fuerza mayor alegada por la empresa existe o no. Es decir, en esta modalidad de extinción de contrato es necesaria una autorización administrativa.

despido por fuerza mayor

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Causas de despido por causa de fuerza mayor

Los acontecimientos desencadenados por fenómenos de carácter natural como por ejemplo: terremotos, incendios, explosiones, inundaciones, sequías, erupciones volcánicas, maremotos, plagas, etcétera, son considerados como supuestos de fuerza mayor. En este contexto, desde el 10 de enero de 2016, los despidos o suspensiones de contrato que se produzcan como consecuencia directa de una emergencia de protección civil, ya son considerados provenientes de causa de fuerza mayor.

También constituyen causa de fuerza mayor aquellos supuestos derivados de una decisión judicial o administrativa que impida continuar, con carácter definitivo, el desarrollo de la actividad empresarial. En estos supuestos se ha de constatar que aquéllos no son consecuencia de una actuación empresarial que infrinja o haya infringido la Ley.

Sin embargo, no son supuestos de causa mayor aquéllos en los que el empresario puede prever la situación, como por ejemplo la pérdida del cliente principal de una empresa o la finalización del contrato de alquiler del local de la empresa, sin perjuicio de que estos motivos puedan concurrir en causas de despido objetivo.

Procedimiento de despido por fuerza mayor

Se inicia mediante la solicitud de la empresa a la Autoridad Laboral junto con la aportación de los medios de prueba oportunos para acreditar la causa de fuerza mayor. Simultáneamente, se debe dar traslado de la comunicación a la representación legal de los trabajadores.

A partir de la fecha de registro de la solicitud, la Autoridad Laboral dispone, como máximo, de 5 días para emitir la correspondiente resolución, la cual sólo se puede pronunciar sobre la existencia o no de la causa de fuerza mayor.

En caso de constatarse la causa de fuerza mayor, la empresa podrá gestionar los correspondientes despidos, los cuales tendrán como fecha de efecto la data del hecho causante. La empresa deberá facilitar al trabajador una carta de despido alegando la causa de la extinción del contrato y una indemnización económica equivalente a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Además, el empresario deberá notificar tales extinciones a la Autoridad Laboral y a los representantes legales de los trabajadores.

Por otra parte, si no se constatase la causa de fuerza mayor, el empresario podría impugnar ante la jurisdicción social la resolución de la Autoridad Laboral.

Impugnar la decisión de la Autoridad Laboral

Si cualquiera de las partes anteriormente indicadas deciden impugnar la resolución de la Autoridad Laboral ante la jurisdicción social, los efectos de la sentencia dictada podrán ser los siguientes:

  1. La sentencia deja sin efectos la resolución impugnada por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales o libertades públicas. En este caso, los trabajadores despedidos tendrán derecho a la inmediata readmisión y al abono de los salarios dejados de percibir.
  2. La sentencia declara la anulación de la resolución por no haberse constatado causa de fuerza mayor o por no haberse cumplido los requisitos formales exigidos. En este caso, incumbe al empresario determinar si opta por la readmisión (con el pago de los correspondientes salarios dejados de percibir) o por el pago de la indemnización aplicable a un despido improcedente.

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