Es muy conveniente que un Abogado Laboralista revise las condiciones de su despido. Dispone de 20 días para que podamos emprender las acciones legales que correspondan.
Para recurrir un despido el primer paso es presentar la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación competente (en la Comunidad de Madrid, el conocido SMAC). La finalidad del obligado acto de conciliación es intentar un acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora.
El acto de conciliación ante el SMAC es obligatorio para recurrir un despido y el acta de su celebración es un documento que se tiene que aportar al correspondiente Juzgado. En caso de incumplimiento de tal requisito, el Juzgado competente requerirá tal documento y si no se subsana el defecto se archivará el procedimiento de despido.
La adecuada redacción de la papeleta de conciliación es muy importante, ya que su contenido condiciona la motivación de la futura demanda judicial. Ante ello, lo mejor es que la persona trabajadora se asesore con un abogado experto en despidos (y ello, a pesar de que no es preceptiva la asistencia al correspondiente acto de conciliación con abogado).
La presentación de la papeleta de conciliación se puede hacer de forma presencial (en la C/ Princesa nº5 de Madrid) o de manera telemática (en la sede electrónica del SMAC de Madrid). En este contexto, los abogados tienen la obligación de realizar la presentación de forma telemática.
Cuando la papeleta de conciliación se presenta, el SMAC de Madrid otorga una cita a la persona trabajadora para asistir al acto de conciliación.
Una vez presentada la papeleta de conciliación, el plazo de caducidad de 20 días hábiles se interrumpe durante un máximo de 15 días hábiles.
Ante ello, si la fecha del acto de conciliación supera el periodo de los 15 días hábiles, es conveniente presentar la demanda judicial en el correspondiente Juzgado y ello, con carácter previo a la celebración del acto de conciliación (hay que analizar el caso concreto para determinar en qué momento se debe presentar la demanda judicial por despido nulo o improcedente).
La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para la persona trabajadora o para su representante y para la empresa.
El acto de la conciliación ante el SMAC finaliza con un acta de conciliación que plasmara el resultado de la conciliación. Dicho resultado puede ser:
Con avenencia: Si las partes llegan a un acuerdo respecto a la calificación del despido y con las consecuencias inherentes a tal calificación.
Sin avenencia: Si las partes no llegan a un acuerdo. En tal caso, la persona trabajadora tiene que presentar la correspondiente demanda por despido en el Juzgado competente (se puede presentar la demanda con carácter previo a la celebración del acto de conciliación y ello, para evitar la caducidad de la acción del despido).
Intentado y sin efecto: Si el empresario no acude al acto de la conciliación. En tal caso, la persona trabajadora tiene que presentar la demanda en el Juzgado competente.
El acta del acto de conciliación es un requisito para poder presentar la demanda judicial por despido. Si tal acta es posterior a la fecha de presentación de la demanda, tal documento se deberá aportar al correspondiente Juzgado en la mayor brevedad y nunca con posterioridad al plazo concedido para subsanar.
Que si la futura Sentencia judicial coincide sustancialmente con lo reclamado en la papeleta de conciliación presentada ante el SMAC, se le impondrán las costas y los honorarios del letrado contrario, por un importe máximo de 600€. Sin embargo, en la práctica no es habitual que se impongan las costas y los honorarios del letrado contrario en la Sentencia que dicta el Juzgado de lo Social competente y ello, a pesar de estar previsto como una obligación en el artículo 66.3 de la LRJS.
Además, en la correspondiente Sentencia judicial se puede imponer al empresario por no haber comparecido al preceptivo acto de conciliación una sanción económica que no puede ser superior a un tercio de la cuantía del procedimiento (artículo 97.3 de la LRJS). Tal sanción es compatible con la imposición de costas y de los honorarios del Letrado o Graduado Social colegiado contrario. Dicha sanción debe estar dentro de los límites que fija el artículo 75.4 de la LRJS. Tal sanción en la práctica jurídica no es habitual.
Ello y el “principio de la buena fe contractual” aconsejan acudir al acto de conciliación y cumplir con tal obligación legal.
Si la persona trabajadora no comparece de forma injustificada al acto de conciliación por despido, la papeleta de conciliación se tendrá por no presentada y se procederá al archivo del expediente (siempre que el solicitante haya sido debidamente citado). Además, el plazo de suspensión de la caducidad de la acción del despido no se produce. Ello, implica que se hayan consumido los correspondientes días del plazo de caducidad existente para impugnar un despido.
No existe un listado de qué se considera justa causa para no acudir al acto de conciliación y en su caso, será el Juzgado competente el que determinará si la causa de incomparecencia fue justificada o injustificada.
Si la persona trabajadora goza de plazo para presentar nueva papeleta de conciliación y demanda judicial, puede evitar las consecuencias de la previa incomparecencia al SMAC y ejercer su derecho de defensa frente al despido.
El acuerdo alcanzado en el SMAC respecto al despido impugnado (reconociendo la improcedencia del despido o la nulidad del despido y celebrando el acto con avenencia) es un título suficiente que se puede ejecutar ante el Juzgado de lo Social competente (que es el de la circunscripción en el que se haya realizado el acto de conciliación). Es decir, si el empresario incumple los términos del acuerdo suscrito en el acto de la conciliación, la persona trabajadora debe instar la ejecución del acta de la conciliación ante el Juzgado que corresponda.
Tal acuerdo, a efectos de ejecución, se equipara a las sentencias en lo que respecta a los pronunciamientos de condena.
En nuestra práctica jurídica no solemos encontrarnos con incumplimientos del contenido del acto de conciliación. Para ello, lo conveniente es no llegar a un acuerdo por despido en el SMAC o Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación que corresponda si se duda, entre otros, de la solvencia de la empresa, máxime considerando que el FOGASA no se hace responsable de las indemnizaciones acordadas en el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación competente.
Si en el SMAC de Madrid no se alcanza un acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora, ésta deberá presentar la correspondiente demanda por despido nulo o improcedente en el Juzgado de lo Social competente y ello, vigilando siempre el plazo de caducidad de los 20 días hábiles.
A veces, es necesario presentar la demanda por despido con anterioridad a la celebración del acto de conciliación en el SMAC y ello, para evitar la caducidad del citado plazo.
En algunos casos, es aconsejable interponer la demanda de despido contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) con la finalidad de protegernos frente a los casos de insolvencia empresarial o de situaciones de concurso.
Ante el impago por parte del empresario de la indemnización por despido, se debe reclamar tal cantidad al FOGASA, siempre que se cumplan los correspondientes requisitos.
Según el Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial abonará las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos en los casos previstos en tal norma y ello, con el límite máximo de una anualidad ( salvo algunas excepciones) y sin que el salario diario pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional incluyendo el importe de las pagas extras.
En este contexto, no se puede obviar que el FOGASA no se hace responsable de las indemnizaciones negociadas en el correspondiente acto de conciliación celebrado ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación competente. Ante ello, si existe alguna duda sobre la solvencia empresarial, se debe recurrir el despido ante el Juzgado competente y acudir a la fase judicial.
Para que la persona trabajadora pueda exigir el pago de la correspondiente indemnización al FOGASA, el procedimiento de ejecución debe finalizar con un auto que declare la insolvencia de la empresa.
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En la mayoría de los casos, el presupuesto está compuesto de un importe mínimo en concepto de provisión de fondos y un tanto por ciento de la cuantía que se obtenga en concepto de indemnización o de otros conceptos (como una indemnización adicional por daños y perjuicios).
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Los despidos pueden ser disciplinarios, colectivos, por fuerza mayor y por causas objetivas. Según el tipo de despido, la ley determina, entre otros, la cuantía de la indemnización que debe percibir la persona trabajadora.
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